Los peruanos recibimos con mucho agrado la noticia de los S/. 4,500 millones que el país invertirá en ciencia y tecnología. Personalmente sentí alivio al leerla en el diario El Comercio y pensar que por fin se tiene a la vista una reforma de verdad, que bien implementada generará el recurso humano y la tecnología que el país necesita para encarar un desarrollo que sea realmente sostenible.

Días después, sin embargo, leí el editorial del mismo medio y me causó bastante sorpresa notar que en él se cuestiona que sea el Estado el que defina la agenda de investigación como encargado de la asignación de recursos.

En su lugar El Comercio plantea que sea el empresariado el que asuma este rol ya que, como apunta el editorial, son ellos “quienes cuentan con la mejor información sobre las carencias tecnológicas existentes” y “tienen los mejores incentivos para escoger en qué proyectos de investigación invertir recursos, ya que es su dinero y su negocio los que se encuentran en riesgo”.

Se entiende a priori la intención y advertencia del Editorial acerca de lo que considera el peligro de destinar y desperdiciar recursos generando más burocracia. Sin embargo, el argumento es bastante reduccionista al concebir como fin último de toda actividad de investigación, el incremento del aparato productivo y la generación de riqueza a través del consumo.

¿Realmente son los empresarios los indicados en determinar las necesidades de innovación tecnológica en todos los ámbitos? ¿Podrían ellos, por ejemplo, definir la agenda de investigación en sectores como salud o educación? ¿Serían los empresarios ligados a esos sectores lo más objetivos para definir qué se financia y qué no?

En EEUU, en salud por ejemplo, los National Institutes of Health tienen un presupuesto de $31,000 millones que proviene del gobierno federal para financiar la investigación en este sector. Sí, es un gigantesco aparato burocrático que patrocina a investigadores de todo el mundo, incluyendo a varios científicos peruanos.

En Chile existe el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS). Brasil tiene un ministerio y diferentes institutos tecnológicos y en México existe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Son muchos los países que tienen organismos estatales que deciden cómo gastar los fondos de investigación y desarrollo por tratarse de un sector estratégico.

A través de estos proyectos, además del conocimiento adquirido, se generan fuentes de empleo, se fortalece el recurso humano y se incrementa la tan ansiada competitividad de un país.

No obstante para El Comercio (y los sectores de la opinión pública que representa) esto sería una tragedia. Como ejemplo de la probable desgracia futura (el editorial se titula Tectanic) se cita el caso de la Universidad Nacional del Altiplano que recibió fondos del canon para investigación y terminó utilizándolos para financiar un restaurant de pollo a la brasa.

Es evidente que la carencia de recurso humano es grave en nuestro país, pero esta es transversal al sector público y privado. Se pide que se creen “incentivos tributarios para aquellas compañías que demuestren invertir en este tipo de proyectos”. Esta es una medida que ha sido efectiva en otros países pero, sin ser malpensado, ¿no es probable que algunas empresas financien cualquier tipo de proyecto que se etiquete como “de investigación” solo para obtener el beneficio tributario? Las grandes empresas no generan tecnología en el Perú, la importan. El estado no está preparado para asumir de inmediato esta reforma creando un ministerio de la nada, pero la empresa privada tampoco.

Probablemente el primer paso consiste entonces, en generar el recurso humano necesario para encarar un sistema que destine recursos públicos al financiamiento del conocimiento y la tecnología. Urge financiar becas en el exterior para futuros científicos y docentes, así como repatriar “cerebros”.

De la misma manera como se pide estimular a la empresa con beneficios tributarios, se debe estimular a las universidades públicas y privadas, con fondos concursables, plazas docentes para investigadores y salarios adecuados. La investigación en ciencia y tecnología es un área que compete a sectores públicos y privados y debe ser enfocada desde el seno del estado como un área prioritaria para el desarrollo del país.

Alfonso Silva-Santisteban

MD, MPH. Médico con maestría en salud pública en Universidad de California, es Investigador Asociado a la Universidad Cayetano Heredia y colaborador de Sophimanía.